Por Carlos Meneses Reyes (Rebelión)

El 15 de marzo del corriente año de 2018 se desplegó en la prensa regional y nacional el insuceso, cual desafortunado evento, de enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N) y reductos del antaño desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) cuyo Frente Libardo Mora Toro (LIMOTO), continuó en armas, como disidencia, luego que la mayoría de esa guerrilla optó por la desmovilización en el año de 1991. Los registros señalaron enfrentamientos en el Alto Catatumbo de la Provincia de Ocaña y el Medio Catatumbo (El Tarra), con un saldo de más de quince jóvenes guerrilleros muertos y desplazamientos de campesinos que han afectado a veinte mil habitantes del agro, conforme alarma de las Naciones Unidas.

Análisis de la situación planteada

Partiendo del presupuesto de la existencia de una fuerza insurgente nacional con status de beligerancia a la luz del Derecho Internacional(DI), el E.L.N y la situación particular de una organización armada local, en ejercicio de la guerra de guerrillas, que se reivindica como vanguardia popular con idearios políticos y no admitida como tal por la contraparte gubernamental y satanizada por los medios de comunicación y la difusión de la inteligencia militar; encontramos, en principio, que ambas expresiones armadas enfilan contra el Establecimiento, cuentan con base social conforme al escenario en que se mueven, articulan presuntamente con mandos unificados y una más que otra con notoriedades y caracterizaciones que hacen llegar a las masas, en un desenvolvimiento de continuidad y permanencia en un territorio determinado.

Sin extendernos en el antecedente histórico, los muchachos del ejército popular de liberación continuaron actuando en el departamento de Norte de Santander y Sur del Cesar. Las antiguas Farc-ep, quisieron copar los territorios del desmovilizado antiguo E.P.L, persiguiéndoles; por lo cual se enmontaron en nichos de las profundas selvas del Alto Catatumbo subsistiendo de una base política campesina trabajada desde el año de 1970, cuando el EPL hizo presencia en esas zonas, incluso con anterioridad a las Farc-ep. Para el año de 1972 el Partido Comunista Marxista- Leninista (M-L), irrumpió, clandestinamente, con el trabajo campesino en la Provincia de Ocaña y El Catatumbo y en las zonas de explotación petrolera y con ello se conformó el Frente Libardo Mora Toro (LIMOTO). Son 48 años de existencia en bases de familias rojas tradicionales y clandestinas en esa región. Por su presencia y peso histórico, esos reductos del antiguo E.P.L, recibieron la ayuda y colaboración del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N). Entre la “gente” se conocían como “los primos”, caracterizado por un trato mancomunado durante décadas en una profilaxis de evitar su lumpenización.

Pese a la horrible noche del paramilitarismo en el Norte de Santander, los reductos del E.P.L, no fueron extinguidos. Es más, se fortalecieron económicamente resultado de las fallidas guerras contra el narcotráfico del Imperio y las castas militares colombianas. Hizo carrera la denominación del embajador de U.S.A Tamps, de las “narco-guerrillas”, igualándolas a los carteles de la droga. Las güerillas sostienen y sustentan que el recurso del narcotráfico es un accionar más delincuencial contra las estructuras del Estado que combaten. Así como violan todas las normas el código penal colombiano y la constitución política lo hacen con el delito de obtención de recursos económicos, para subsistencia, con el tráfico de la coca y sus derivados. Esa relación de causalidad es la que ha predominado para que la figura de conexidad con el delito político de la Insurgencia o rebelión tenga cabida tanto en el trato gubernamental como en la aceptación de la comunidad internacional.

Ahora bien, en el caso de la disidencia del EPL en el Catatumbo el recurso del narcotráfico tomó proporciones inéditas, anecdóticas y especiales. Cabe mencionar el caso del campesino Víctor Ramón Navarro Serrano, oriundo de San Calixto, que conocía esas selvas como la palma de su mano, caracterizado por vigorosa conformación atlética juvenil y despejado de mente, que llegó a construir un verdadero emporio financiero y que al estilo de Robin Hood asistía a la empobrecida población catatumbera y de la Provincia de Ocaña, con prestamos desde 50 millones a 150 millones de pesos, sin asomo de “cuenta gotas” prestamistas. A su muerte- que en realidad de verdad merece un recuento novelesco aparte- la Fiscalía General de la Nación se vio en incapacidad material e imposibilitada de judicializar al menos 1.500 comerciantes beneficiados con “prestamos” millonarios de ese fenómeno propio de la degradación del conflicto armado, llamado Megateo, cuyo alias él no lo creo, sino que fue invento de la contrainteligencia militar, pues no sabían ni cómo se llamaba.

La verdad sea dicha, durante décadas las fuerzas insurgentes (guerrillas) como las organizaciones armadas criminales dedicadas al narcotráfico han convivido. A ello agregaron la multiplicación de redes de contrabando, en afectación a la vecina República Bolivariana de Venezuela, en la estrategia de la guerra económica declarada en su contra por el Imperio. Aunado a ello la modalidad del tráfico del “pategrillo” producido por crudo robado del tubo u oleoducto y en forma rudimentaria – de total afectación al medio ambiente- utilizado como combustible para el procesamiento de la pasta de cocaína. Sin ningún animus jocandis, todas sin excepción, las acciones que registran los medios de información, conforme a los comunicados oficiales, de caracterizados talantes unilaterales de las oficinas del ejército nacional, que son las únicas fuentes con las que los “diligentes” periodistas se nutren, corresponden a “bienes” de las guerrillas y ninguna, casi sin excepción, a sus aliados paramilitares. Tamaño desafío que corresponde a la búsqueda de la Verdad Histórica.

Sin lugar a equívocos, tanto la disidencia del EPL en el Catatumbo como las fuerzas combatientes del E.L.N, han acordado convivencia territorial por décadas. De igual manera lo han logrado, por solidos acuerdos “de palabra de galleros” en relación con el manejo de ingresos económicos provenientes del negocio del narcotráfico. La Insurgencia colombiana ha demostrado que la utilización de este recurso es transitoria y obedece a circunstancia particulares y especiales. ¡Es un negocio creación propio del sistema capitalista, que, por principio, combaten!

Así planteado, nuestra tesitura parte que los enfrentamientos entre las facciones o disidencias con el nombre de EPL y las fuerzas elenas, no es en modo alguno por el negocio del narcotráfico. Las causas son de fondo entrañablemente políticas, como intentaré demostrarlo a continuación.

Visoro, con la óptica del errado análisis, las declaraciones de un Académico de Historia de la ciudad de Ocaña, quien, mojando tinta ante los medios nacionales, repite cual lora envinada, que los enfrentamientos entre el eln y el epl son causados por ese negociado. Aludo a ello pues es hora de que las Academias de Historia de Colombia asuman el reto de su papel objetivo ante La Comisión de la Verdad. Que dejen la actitud del avestruz, ante tamaño desafío y papel que les corresponde.

El conflictivo escenario de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las comunidades Motilón-Bari y las Zonas de Desarrollo Rural Económico y social (ZIDRES)

Las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) tiene origen legal, surgiendo a partir de la Ley 160 de 1994 y Decreto 1797 de 1996. En el año de 2009 surge una propuesta concreta de creación de una ZRC en el campamento de refugio humanitario de campesinos desplazados en el corregimiento Fronteras del municipio de Teorama, contemplando territorios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela. El interlocutor ante el gobierno nacional lo fue la Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT, bajo las condiciones dadas de constituirse en terrenos baldíos, con población campesina que labore en la agricultura y las zonas tengan condiciones agrologicas destacables. La propuesta abarcaba una extensión de 354 mil hectáreas, en unas 326 veredas y en un principio incluyendo territorios ancestrales de las comunidades del resguardo indígena Motilón-Barí. Una primera audiencia pública de constitución de la ZRC se dio en el año 2012, bajo compromisos incumplidos del gobierno nacional de implementación de políticas públicas. La comunidad indígena Motilón- Barí se opuso a que dentro de sus territorios se implementare las ZRC e interpuso en el año de 2014 una acción de tutela, argumentando que sobre las márgenes derecha del río Catatumbo se encuentran lugares sagrados de su cultura ancestral. Los Barí tienen dos resguardos, que lo habitan 25 comunidades del pueblo Bari, que los traslapan: Caricachaboquira, con 13.300 hectáreas y el Motilón Barí con 108 mil hectáreas. En la ampliación de esos territorios, en la actualidad viven unos 30 mil campesinos de origen colonos. En desarrollo de la situación acontece que, a través de una constituyente regional, en ejercicio de democracia directa, realizada en el municipio de Tibú durante los días 5 y 6 de diciembre de 2014, se declaró por mandato popular de hecho, liderada por la ASCAMCAT, la Zona de Reserva campesina del Catatumbo para hacerse reconocer así no existiere una base jurídica. Ello trajo consigo el rompimiento de relaciones del gobierno nacional con ASCAMCAT, debido también al fracaso en la Mesa de Interlocución del Catatumbo-MIA. No obstante conocedores de la tutela interpuesta por la comunidad Motiló-Barí los dirigentes campesinos aseguraron estar dispuestos a respetar esos territorios en conflicto mediante el ejercicio de un dialogo permanente conforme al margen de territorio solicitado por los aborígenes y que interfiere con la ZRC y a manera de declaración política consagraron que al declarar la Zona de reserva campesina en ese territorio “no es para convertirlo en una cantera de energía para las multinacionales sino que se propone la viabilidad para sustituir los cultivos de uso ilícito y que se retome la región nuevamente como una despensa agrícola para el nororiente colombiano”. No obstante representar para los campesinos un aseguramiento de la propiedad de la tierra, usufructo y promoción de la economía campesina, hay quienes se oponen a ella. Ante ese panorama corre paralelo el infatigable trabajo del senador campesino Alberto Castilla por dotar al campesinado de personería como sujeto de derechos.

El 9 de agosto de 2017, la Corte Constitucional en sentencia declaró prospera la tutela interpuesta por la comunidad Motilón-Bari e indispensable el consenso de los Motilón-Barí, sobre ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos.

No obstante, las tensiones continuaron. La comunidad Barí ha tomado acciones de restricción de ingreso a sus territorios, en un empoderamiento de autonomía so pretexto de las acciones de conservación que en esas zonas adelantan. Determinan una extensión de resguardos de unas 200 mil hectáreas. El cronograma de demarcación como hoja de ruta trazada por la sentencia de la Corte ha sido objeto de interpretaciones contrarias en la práctica, generándose lo que se ha dado en llamar zonas grises por la situación de limbo en que han quedado los campesinos que colonizaron desde hace décadas los territorios indígenas y que pasarían a ellos una vez redelimiten los resguardos. Se estima directamente afectados a unos 10 mil campesinos. A ello se suma intereses de grupos económicos de procedencia non sancta que acechan cual aves de rapiña, so pretexto de aplicar el sistema de las zonas de las Zidres, es decir, las Zonas de Desarrollo Rural Económico y Social, a las que el exministro Cristo denominó “las zonas francas para el agro”. Enfocan a la utilización de los baldíos a intereses mega particulares de inversión y desmontan la prohibición de acumulación de baldíos, en momentos en que, como respuesta a lo alternativo, se plantea la intervención a los grandes latifundios improductivos en el ejercicio del principio de tierra para el campesino que la trabaje, así como la función social de la propiedad privada, que es letra muerta en la Constitución de 1991 y anulación del latifundio improductivo y/o de ganadería extensiva y depredadora en el agro colombiano. La respuesta ha sido la organización de LA GUARDIA CAMPESINA DEL CATATUMBO como mecanismo de auto protección colectiva que busca la defensa de los derechos de los campesinos…

Los Motilon-Bari optan por expulsar de sus territorios al E.L.N.

El diario La Opinión registra, a 8 de febrero de 2018 que los Motilón – Bari, en la región de Río de Oro expulsaron de su territorio a cuatro colonos particulares junto con sus familias. Siendo una región de dominio territorial del E.L.N dado en proteger a sus habitantes, les confiscaron sus propiedades. La lucha de los Motilón-Bari por recuperar sus tierras no son de ahora. Las calles de Cúcuta han sido escenarios de desfiles de indígenas con atuendos y flechas difundiendo tal situación. Argumentan que todo aquel que no tenga escrituras registradas deben salir por ser tierras sagradas para ellos. Estos propietarios no representan ni el 5% de los colonos en posesión de esas tierras. Les han dado un plazo hasta el 12 de mayo de 2018 para que desalojen tan extensos territorios, donde están incluidas las comunidades Brunbucanina, Ochabuda, Suerera, y Asacharinocavra, jurisdicción de Teorama…También en la vereda Batroctora, Carbaringcavra y Saphadana, en el municipio de Convención. Igualmente, en El Carmen, Iguiacarora y Ayautina.

La reacción indígena obedece a que en hechos registrados el pasado 20 de enero a las 2.30 pm, cuando navegaba sobre el Río de Oro un cacique de la comunidad Bokshi resultó gravemente herido al recibir disparos de fusil junto con otros seis acompañantes, que fueron asesinados. Centenares de familias se encuentran en ese nudo de tensión entre la población Barí y los colonos que habitan en Saphadana, Convención y hoy se encuentran en un refugio humanitario en Caño Tomas (Teorama). Como resultado de esas tensiones han comenzado a actuar los grupos armados ilegales. Sobre el presupuesto que el EPL argumenta que los indígenas fueron atacados por fuerzas del ELN, comenzaron los enfrentamientos entre ambos bandos el 15 de febrero, siendo escenario de enfrentamientos en Convención, San Calixto y Hacarí, con bajas entre ambos bandos y heridos en la población civil.

Sobre la llamada justicia paralela indigena

En las últimas décadas, y como resultado del conflicto armado interno en el país, las comunidades indígenas han asumido una estrategia de defensa para protegerse de quienes tenían las armas. El mandato a ellos conferidos por la Constitución política de Colombia 1991, bajo el acápite Del régimen especial, artículos 329 a 330 y su parágrafo, les ha dado una caracterización de empoderamiento. Las guardias indígenas se han fortalecido y con ello sus autoridades expuestas a mayor riesgo. Actúan como destinatarios de una justicia paralela, capturando a militares y guerrilleros y juzgándolos. Buscando consolidar el control territorial y la gobernabilidad ancestral, purgan cualquier forma de organización o asociación delictiva en sus jurisdicciones. La forma piloto de actuación lo han consolidado los indígenas nasa en el sur del país. De allí lo han hecho extensivo a regiones como el Catatumbo. El vehículo instrumental y organizativo lo constituye la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), de peso político. En el caso de las aspiraciones de las autoridades de las comunidades Motilón- Bari, expresan seguimiento, apoyo al proceso de sus luchas a quienes identifican como “pueblo” indígena. Resaltan acciones como las del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que impartiendo justicia condenaron a más de 20 años de prisión a un grupo de hombres por ellos juzgados. Las penas las purgan en cárceles estatales. El vocero del CRIC manifestó que los condenaban por pertenecer a grupos ilegales; es decir, contra el Establecimiento estatal. Constituyó un hito de carácter nacional el célebre juicio entre los indígenas durante la guerra contra las far-ep. Capturaron, desramaron y juzgaron a sus miembros. Dispusieron la quema de las armas. Materialización efectiva de la fusión de dos justicias. Ante un estado de derecho fallido en Colombia, se ha constituido la justicia indígena como un factor paraestatal. La permanencia de un conflicto armado interno en el país por la existencia al menos de dos fuerzas insurgentes activas ha significado la asimilación de la tal llamada justicia indígena como un factor de contrainsurgencia estatal.

Son varios los casos en que la Guardia Indígena actúa contra miembros del ejército, desalojándolos. El último caso se dio en La Vega, Cauca, en que 30 soldados tuvieron que dormir en una cancha de básquet, pues la Guardia Indígena los sacó de los sembrados de coca que pensaban erradicar sin haberlo pactado previamente. Hechos que se suceden sin ninguna connotación aparente. La pasividad manifiesta no obedece a una voluntad de respeto a los “pueblos” indígenas por parte del ejército nacional. Se otorgan pasividad pues la recompensa redunde en réditos al no enfrentarse, fortaleciéndose las Guardias Indígenas, paralelo al riesgo que corren sus autoridades. Ese es el escenario creado como política o contrainsurgente militar en el Catatumbo, al enfrentar a las comunidades indígenas con las guerrillas insurgentes. Durante los enfrentamientos entre las facciones del ELN y el EPL no han hecho presencia. Una conducta de omisión al igual que sucedió con los crímenes de lesa humanidad ante los ataques de los paramilitares contra la población civil.

Sobre el entendido que los alzados en armas luchan contra todas las formas de manifestación estatal al que buscan derrocar, explicable que el conflicto armado interno en Colombia tome el derrotero del enfrentamiento de las insurgencias contra la llamada justicia paralela y paraestatal indígena.

De manera que al abordar la problemática álgida en el Catatumbo corresponde concluir que el análisis amerita catalogar la situación del enfrentamiento entre las facciones del ELN y el EPL como resultado de contradicciones en el seno del pueblo y por ende la búsqueda de su solución en ello debe inspirarse y no resultado del manido manejo de lucha por el poder económico del narcotráfico.

Entendible que habrá mucha más tela que cortar en la medida que para los analistas se presenten mayores elementos para abarcar la problemática de la guerra en el Catatumbo.

Artículo publicado aquí.

Foto : archivo El Espectador