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El principal deber del Estado, es el de respetar y hacer respetar los derechos de las personas consagrados en la constitución y en los tratados internacionales, en la realidad material la actuación de los gobiernos autónomos municipales ha sido irregular y ha incumplido con su deber de respeto del derecho de propiedad, siendo una práctica reiterativa el establecer afectaciones a las propiedades de los particulares, las que en muchas ocasiones han resultado arbitrarias e ilegitimas, escapando sutilmente del control de legalidad; y, en la ejecución de los diversos proyectos de los planes de ordenamiento territorial han ocupado inmuebles sin cumplir con el proceso expropiatorio, único modo lícito mediante el cual puede la administración adquirir los inmuebles de los particulares, lo que ha derivado en procesos administrativos y judiciales en aras de restablecer los derechos vulnerados.