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Reforma agraria integral para una vida digna. Foro global de la tierra 2018
Lorenzo Solíz Tito [*]
La Coalición Internacional por la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) es una alianza global que trabaja por la gobernanza de la tierra centrada en las personas como elemento fundamental para lograr un mundo justo, equitativo e inclusivo. Está conformada por 256 organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales de 77 países de África, Asia, Europa, Cercano Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe. El IPDRS es uno de sus miembros.
Entre los días 24 y 27 de septiembre recién pasado se llevó a cabo el Foro global de la Tierra y la Asamblea de la ILC, en la histórica ciudad de Bandung, Indonesia. Hay que recordar que Bandung fue la sede el año 1955 de la Conferencia Asia África de países recientemente liberados de la colonia y que sentó bases para el Movimiento de los países no alineados, que conservó una posición neutral ante las potencias Unión Soviética y Estados Unidos durante la guerra fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial. Bolivia es uno de sus miembros, junto con otros 76 países, de los diferentes continentes.
Para la ILC, hoy, la reforma agraria debe volver a ocupar su lugar en las agendas políticas nacionales si se quiere superar y corregir las desigualdades. Una reforma agraria redistributiva de la tierra, que otorgue seguridad jurídica sostenible y con igualdad de género, es sustancial para reducir los conflictos y redistribuir la riqueza. Es fundamental que la reforma agraria: 1) se base en políticas coherentes y sustentables de agricultura, tenencia, inversión y uso de la tierra; 2) esté respaldada con recursos adecuados e infraestructura social; 3) esté diseñada e implementada con la participación significativa de las organizaciones que representan a pequeños propietarios, pueblos indígenas, pastores y comunidades locales afectadas; y 4) reconozca la relación intrínseca de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales, respalde todos los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra como un camino para abordar los conflictos de tierras. Hace este llamado porque el acceso, tenencia, defensa y gestión de la tierra y territorio sigue presentando déficits o estancamiento, y en algunos casos hay riesgos o retrocesos evidentes.
En el caso de Indonesia el movimiento campesino sigue luchando por una auténtica reforma agraria, con redistribución y no solo con certificación de las tierras, tarea en la que está concentrado el actual gobierno. Hay que recordar que en Indonesia, las luchas por reforma agraria se remontan a los años 60 del siglo pasado. El primer programa de reforma agraria tuvo lugar en 1960, se redactó una ley básica de agricultura que fundamentalmente trataba de paliar los graves problemas de acceso a la tierra que tenían los campesinos del país. Después de siglos de feudalismo y colonización, la mayoría de las tierras agrícolas estaba en manos de grandes empresas coloniales y terratenientes. Durante los años que siguieron, el gobierno de Sukarno trató de poner en marcha la reforma agraria, pero fue truncado con el golpe militar de Suharto. A lo largo de los casi treinta años de la dictadura militar en ese país, la reforma agraria no avanzó en absoluto.
Tras la dictadura, en 1998, el movimiento campesino a favor de la reforma agraria pudo salir de la clandestinidad, volver a organizarse y luchar abiertamente por sus derechos. Sin embargo, los sucesivos gobiernos no han puesto en marcha las leyes de reforma agraria, y los acuerdos alcanzados con el Banco Mundial y grandes empresas multinacionales siguen impidiendo el acceso de los campesinos a la tierra.
“Nosotros luchamos por una genuina reforma agraria en Indonesia, queremos visibilizar los conflictos que hay sobre la tierra, el acaparamiento de las tierras por grandes propietarios y empresas. No solo queremos la certificación sino la redistribución y titulación de las tierras… La reforma agraria no será posible sin el apoyo de las organizaciones sociales y campesinas. Somos 103 organizaciones campesinas de Indonesia que nos hemos comprometido con este proceso”, mencionó enfática Dewi Kartika, Secretaria general del Consorcio para la Reforma Agraria (KPA) de Indonesia, durante el Foro.
Mientras se desarrollaba el Foro Global por la tierra, el gobierno Indonesio promulgó, este 26 de septiembre recién pasado, el decreto presidencial de la reforma agraria. Ya el “Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (RPJM) 2015-2019 había establecido un objetivo para la Reforma Agraria que cubre 9 millones de hectáreas, que consiste en la legalización de activos que cubren 4.5 millones de hectáreas y la redistribución de tierras que cubren 4.5 millones de hectáreas. El plan también ha establecido 12.7 millones de hectáreas para la silvicultura social. Este programa ha incluido el reconocimiento y la protección de los bosques indígenas a las comunidades de derecho consuetudinario en todo el archipiélago.” (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/24/133900726/darmin--program-ref...)
Pero avances y logros como el que acabamos de mencionar no son dádiva de ningún gobierno son resultado de largas y duras luchas que cuestan muchas vidas a hombres y mujeres dirigentes y líderes y defensores de la tierra y el medio ambiente. Precisamente este fue otro de temas que ocupó la atención del Foro global en Bandug, el aumento de homicidios, ataques y criminalización de comunidades y personas que buscan acceder y defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Sólo en Indonesia, en la última década, según el Consorcio para la Reforma Agraria (KPA), se ha registrado la detención de 1.617 defensores de la tierra y el medio ambiente, y el asesinato de 122 defensores; esta situación es similar a la de países de Centro América, que fue testimoniado por mujeres líderes en el Foro, y el registrado para el 2017 en diferentes países de Sudamérica (IPDRS, 2018).
En países con alta intensidad de conflictos por la tierra, la estigmatización, la persecución, los ataques, la criminalización y asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente son solo parte de una estrategia integral y deliberada, que incluye cambios en normativas y hasta de institucionalidad. El desafío que queda es extremar medios y recursos para defender a los defensores de derechos, de pueblos indígenas, de la tierra y el medio ambiente; la ILC hace un llamado a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones de proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente y apliquen plenamente la Declaración de las Naciones Unidas adoptada hace 20 años y para garantizar que compañías e inversionistas respeten los derechos de dichos Defensores en sus actividades y cadenas de suministro.
Los avances y los beneficios logrados con la reforma agraria pueden verse gravemente socavados o presentar retroceso al promover modelos de desarrollo e inversión basados en la adquisición de tierras a gran escala por parte de inversores nacionales y extranjeros. Existe suficiente evidencia en diferentes países alrededor del mundo que las adquisiciones de tierra a gran escala a menudo causan despojos, desplazamientos forzados, y la concentración de riqueza y oportunidades fuera de las comunidades, como ocurre en Indonesia, que durante la última década, según el Consorcio para la Reforma Agraria (KPA), el desalojo de 3,5 millones de personas por acaparamiento de tierras. Esto es totalmente contrario a la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, especialmente el objetivo primero y segundo, sobre el fin de la pobreza y el hambre creo, respectivamente.
Por ello la necesidad de reforzar, de fortalecer permanentemente los liderazgos y las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores tanto para el acceso a la tierra como para la defensa y gestión productiva de sus tierras y territorios y sus recursos naturales; con adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; con la lucha por políticas públicas apropiadas e inversión pública hasta lograr que la reforma agraria integral se traduzca en el logro de una vida digna en el campo. En ese marco, la agenda del decenio de la agricultura familiar, debe ser una oportunidad para acompañar y consolidar el acceso y posesión duradera y productiva de la tierra por parte de familias y comunidades de campesinos indígenas y pequeños productores alrededor del mundo. Este es otro de los desafíos del presente siglo.
[*] Lorenzo Soliz Tito, Filósofo con maestría en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano, diplomado en metodologías de investigación y educación superior. Tiene experiencia de más de dos décadas en desarrollo rural, con proyectos económicos y sociales. Fue director general de CIPCA (2008-2016) y director regional de CIPCA Cochabamba (1998-2004). Coordinador del Foro andino amazónico de desarrollo rural. Docente Invitado en desarrollo rural por el CIDES UMSA, La Paz. Miembro del IPDRS desde 2017, a cargo de Planificación y Proyectos.
