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Colombia ha sido un país inmerso en una constante y tenaz lucha para superar un estado de violencia endémico generado por numerosos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos problemas, el constituyente colombiano consagró la figura de la extinción de dominio como herramienta jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así como la violencia y pobreza que dicho fenómeno trae consigo. 26 años después, la acción de extinción de dominio es uno de los principales instrumentos del Estado para enfrentar el enriquecimiento ilícito, pero su desarrollo social y jurídico no ha sido pacífico ni totalmente efectivo. El presente artículo aborda las características generales de esta figura, exponiendo sus críticas y ventajas, y sus perspectivas de efectiva aplicación en Colombia.