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COMPLEJAS CONJUNCIONES: CAMBIO CLIMÁTICO Y REPRIMARIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
Karen Mercado Andia *
Hace pocos días, como salidas de algún filme, rondaban imágenes de Chicago con temperaturas extremas de bajo cero, recordándonos, pero esta vez de manera rotunda, los comentarios cotidianos de los cambios en el clima, entre ellos: el calor esta insoportable o este frío no lo habíamos sentido nunca, las lluvias se han retrasado y no podemos empezar la sembrar, la sequía es cada vez más larga… comentarios que estación tras estación se hacen más recurrentes.
Y sí, la ola de fríos extremos sentidos en Estados Unidos, a pesar de que Trump se niegue a entenderlos como parte del cambio climático, como sus propias instituciones gubernamentales -como el NOAA- indican, guarda relación con los efectos del calentamiento global. Pues, a decir de sus meteorólogos, la corriente fría atravesada es efecto del calentamiento repentino sobre el Polo Norte, originado por una ráfaga de aire caliente formada en Marruecos en diciembre de 2018. (BBC. 29 de enero, 2019)
Las olas de frío no son las únicas modificaciones en el clima, más al contrario, en América Latina, como en el resto del mundo, el incremento de temperaturas es una las principales manifestaciones del cambio climático. Al respecto, la Organización Meteorológica Mundial, en su publicación de avances preliminares sobre el Estado del clima en 2018, señala que el aumento promedio de los últimos cinco años 2014-2018 fue de 1,04 grados centígrados, respecto a la era preindustrial. De igual forma el informe Planeta Vivo 2018, indica que en los últimos 50 años la temperatura media global se ha incrementado 170 veces más rápido que el ritmo natural. Si bien este incremento de temperaturas -que afecta no sólo la producción, sino el ritmo y los tiempos de trabajo- no siempre es negativa, a menos eso es reportado en algunas regiones andinas como en el altiplano norte y centro boliviano, donde el aumento de temperaturas permitiría introducir producciones no habituales para climas fríos y de altura, para el resto de las geografías los cambios no suele representar ventajas, sino más bien desafíos.
Estos retos se presentan en tanto las variaciones climáticas si bien son parte de la dinámica y reflejo de la vida misma, actualmente son por demás intensas y aceleradas, pues responden al tiempo y lógica del capital, donde los ciclos de regeneración, reposición y adaptación biofísicos de la misma tierra se hacen más cortos y menos posibles. En tanto, el motor de estos, la actividad del homo economicus de racionalidad capitalista con modelos de desarrollo, patrones de consumo, generación-imposición de necesidades, y la renovada y continua acumulación de capital nutrida materialmente del despojo depredador de la naturaleza, además de no dar tregua, es intrínsecamente discordante con la temporalidad larga de los ciclos naturales.
Desde esta comprensión, el cambio climático no deja de ser un hecho social y la discusión de la crisis ambiental involucra también un posicionamiento geopolítico. Así, principalmente para la mayoría de los países de Sudamérica con una larga trayectoria histórica de ser exportadores o abastecedores de materias primas, hace que muchos proyectos extractivistas, junto a la agroindustria más centrada en los commodities, impliquen que la amenaza del cambio climático se acreciente, especialmente por la disminución de la biodiversidad, la sobreexplotación de especies, la re-conversión de los suelos, bajo la lógica y patrones del capitalismo y desarrollismo, que significa la destrucción de la naturaleza, el incremento de la vulnerabilidad de sectores económicos empobrecidos y la desposesión de territorios, principalmente a indígenas y campesinos de la región.
Ante esta situación, los gobiernos sudamericanos firmaron el acuerdo de Paris para enfrentar el cambio climático -salvo Ecuador y Nicaragua que consideraban que era poco ambicioso y deficiente en relación al apoyo a los países en desarrollo- y se comprometieron a considerar como prioritario -dentro de sus planificaciones- el tema de la mitigación y adaptación al cambio climático. A pesar de esto, los gobiernos regionales no siempre se ajustan con lo que enuncian, presentándose más bien acciones inconexas e incluso contradictorias, dentro de los modelos de desarrollo que implementan.
Tal el caso de Bolivia y Ecuador, gobiernos que si bien han reconocido en sus constituciones y normativas el derecho de la naturaleza o de la madre tierra, más allá de reforzar discursivamente el planteamiento, muchas de estas iniciativas dentro de la política contemporánea se acercan más al espectáculo que al compromiso real de transformación y de cuidado del medio ambiente. Tornándose en derechos y discursos abstractos, cuando en lo concreto la apertura a proyectos extractivistas y agroindustriales que causan mayor deforestación y degradación forestal no han cesado en los territorios.
Con igual frecuencia estas contradicciones vienen aparejadas del atropello al derecho de la consulta previa, libre e informada, conquistada por los pueblos indígenas.
Si fijamos la atención en la Amazonía es fácil corroborar que los modelos de desarrollo implementados por los distintos niveles de gobiernos de los países que conforman esta región ecológica, no han cesado en la explotación insostenible de madera, implementación de proyectos hidroeléctricos, ampliación de la frontera agrícola para el cultivo agroindustrial en especial de soya y palma africana y la ganadería intensiva.
En el caso de Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales se perdieron 219.973 hectáreas de bosque en 2017, la cifra más alta registrada en los últimos seis años. Para Perú, los datos del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), constató la pérdida de 142,425 hectáreas durante el 2017. (Mongobay, 2018). Brasil entre agosto de 2015 y julio de 2016, año en el que nuevamente se incrementa la deforestación, se perdió alrededor de 800 mil hectáreas, según estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio. Ecuador y Bolivia, no presentan mejores panoramas.
Evitado caer en posiciones fatalistas, el futuro de la Amazonía se pinta más gris que verde, entre las promesas de políticas de Bolsonaro anti ambientales en Brasil, el crecimiento del mercado chino para la soya, y el aumento de la demanda de agrocombustibles, donde Colombia, Perú y ahora Bolivia, con soya y aceite de palma como promesa, perfilan no dar paso atrás en la deforestación.
A esto, para terminar de quitar verdor a los días amazónicos, se suma la amenaza creciente de la explotación del oro para los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El reporte Amazonía saqueada, a través de un mapeo de los lugares identificados con minería ilegal, señala que existen alrededor de 2312 sitios con minería ilegal. Venezuela, que enfrenta una profunda crisis económica y política, presenta más de la mitad de los puntos mapeados, le sigue Brasil con 321, Ecuador 68 y Perú con 24. En Colombia y Bolivia siendo la unidad de análisis los ríos, no presenta datos de puntos cuantificados, pero eso no los excluye de la fiebre por este y otros minerales.
En el caso de Bolivia, datos del Instituto Nacional de Estadística permiten ver las variaciones. Hasta 2005, el oro no superaba los 100 millones de dólares de exportación, ya para el 2014 alcanza un pico de 1.361 millones de dólares. Si bien los siguientes años hay una leve disminución, el 2018 las cooperativas auríferas exportaron 1.165 millones de dólares. El interés por la explotación de este mineral, se ratifica con las 1.562 solicitudes, en 2018, para obtener permisos de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) para operar en zonas auríferas tradicionales en La Paz, Beni y Pando. (www.paginasiete.bo/economia/2019/2/8/en-2018-hubo-1562-solicitudes-para-...)
Así, revestida de oro, una nueva amenaza se suma al asedio de la Amazonía, esta vez con dragas y barcas y esparciendo mercurio por ríos. A la vez, las dimensiones de esta nueva amenaza son los reflejos de lo poco certero que están siendo los gobiernos y aún menos consecuente con los compromisos asumidos, no sólo con organismos internacionales, sino también con sus poblaciones.
Por suerte más allá de los gobiernos, hay pueblos, naciones y organizaciones, que no dejan de luchar, porque entienden que no solo nosotros dependemos de la naturaleza, lamentablemente ahora, también ella depende de nosotros, urge pues replantear el debate de los modelos de desarrollo, de las necesidades, de los patrones de consumo y de vida, de pensar ya no en clave del control de la naturaleza por el hombre, sino el control de la relación entre la naturaleza y la humanidad.
* Economista y maestra en sociología por la Universidad Autónoma de Puebla. Participó en varios procesos de investigación sobre violencia/mujeres, medio ambiente y (re)producción social, económica y política de entramados comunitarios. Actualmente es parte del equipo de planificación y proyectos del IPDRS.
