Po r Eduardo Duschatzky

Cada 17 de abril se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Seis organizaciones de Argentina analizaron la actualidad del sector. Con reclamos tan comunes como históricos (tierra, mayor presupuesto, herramientas, incumplimiento de leyes), señalan caminos posibles para la transición hacia otro modelo agropecuario. Los pasos adelante, los problemas sin resolver y la falta de políticas estatales. Escasas críticas al gobierno nacional.

El Día Internacional de las Luchas Campesinas llega este año marcado por las urgencias de la pandemia, además de las motivaciones históricas y siempre vigentes, como la democratización del acceso a la tierra y el avance hacia la soberanía alimentaria, coincidieron en señalar referentes de organizaciones nacionales al analizar la actualidad del sector rural.

“Las corporaciones transaccionales con las que nos hemos enfrentado tantas veces, porque acaparan la tierra y privatizan las semillas, son las mismas que ahora privatizan las vacunas, se niegan a liberar las patentes y son, en muchos casos, las farmacéuticas y laboratorios que promueven la agricultura transgénica y los agrotóxicos”, señaló Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST).

Para Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la particularidad de este 17 de abril es que los encuentra en el segundo año de pandemia, “una emergencia sanitaria cuyas causas tienen que ver con este modelo agroindustrial basado en tecnologías que dañan los ecosistemas y la salud humana”.

“El modelo agroindustrial vuelve ahora a ser el ganador, tanto por los precios internacionales como por la falta de regulaciones y porque no sufre las consecuencias de las restricciones. Para nosotros, al contrario, la pandemia debería ser la oportunidad para avanzar hacia la soberanía alimentaria no sólo desde lo discursivo, sino en la práctica, con firmes políticas públicas”, agregó la coordinadora de la Secretaría de Género de la UTT, agrupamiento que suele articular sus acciones con el MNCI-ST y con la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), entre otras organizaciones.

La emergencia y los objetivos permanentes

La acelerada expansión del coronavirus provocó cambios de último momento en las actividades que diversas organizaciones tenían previstas para este 17 de abril. Es el caso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Agraria, que debido a las restricciones sanitarias desistió de movilizarse al Congreso el lunes próximo, como lo tenía previsto, a la vez que reafirmó la agenda de esa iniciativa, informó Eleonora Pedot, del MNCI-Vía Campesina.

“En el marco del Día de las Luchas Campesinas y del Día de los Pueblos Originarios (19 de abril), ratificamos el pedido al estado nacional de que apoye la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos adoptada en la ONU y la exprese en políticas públicas”, explicó la referente del MNCI-VC, movimiento que integra la UTEP Agraria.

Sobre la agenda que pensaban llevar el lunes al Congreso, aludió a “la necesidad de prorrogar la Ley 26.160” de Emergencia Territorial Indígena, de suspender los desalojos rurales y avanzar en otros instrumentos legales, como el proyecto de protección de los cinturones verdes interurbanos.

Montón marcó similares prioridades (política pública de soberanía alimentaria, ley de acceso a la tierra, adhesión a la Declaración de los Derechos Campesinos en la ONU), además de nuevas demandas como “el acceso a la conectividad rural y el acceso a la salud”.

Por su parte, Lautaro Leveratto, del MTE Rural y también de la UTEP Agraria, subrayó que “el eje es el acceso a la tierra, sin el cual no puede haber estabilidad para las familias de pequeños productores ni para la producción agroecológica”.

Mercados de cercanía

Leveratto propició políticas públicas que apunten a “la consolidación de mercados directos entre la agricultura familiar y el consumo popular”, un enfoque compartido por todos los entrevistados. “El mercado de alimentos está desde hace mucho tiempo monopolizado y con precios distorsionados. Entonces, creemos que las políticas tienen que apuntar a fortalecer canales directos (con los consumidores), entre ellos la producción de alimentos de cercanía”, argumentó.

En el mismo sentido, José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), sostuvo que “una de las herramientas que tenemos hoy a mano es el mercado de cercanía”, que lleva a los consumidores una “producción sana, segura, agroecológica, ancestral, casera, como queramos llamarle”.

“Esta pandemia descubrió que la agricultura familiar y campesina tiene un valor muy grande. Me parece que ahora el pueblo argentino nos ve, aunque a la vez falta mucho, nos faltan insumos, herramientas, perforaciones y también, claro, nos falta tierra”, apuntó.

Rosalía Pellegrini valoró a su vez el paso desde un planteo “más sectorial a la vinculación de las reivindicaciones de campesinas y campesinos con un proyecto de nación y de mundo, si se quiere, porque tiene que ver con cómo queremos alimentarnos como humanidad y cómo entendemos la producción de alimentos”.

Enumeró las banderas para la lucha campesina: “La democratización en el acceso a la tierra, la producción agroecológica y el derechos de los sectores populares de acceder a alimentos sanos”.

Políticas públicas insuficientes

Con reflexiones convergentes respecto tanto de la emergencia como de los reclamos permanentes del movimiento campesino, incluidas las políticas públicas reclamadas al Estado nacional y a las provincias, los entrevistados aportaron planos de análisis diversos y con previsibles matices.

“Este 17 y 19 de abril nos encuentran a las organizaciones más articulados que en otros tiempos, con más peso. Por eso estamos hablando de una Secretaría de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, y esto ya es un avance”, expresó José Luis Castillo.

Al mismo tiempo, el referente de Acina subrayó que hace falta más financiamiento para el sector y que aún están esperando “la reglamentación de la Ley 27.118 (de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar) y su presupuesto”. También explicó que, por la falta de tierras, tienen “limitaciones a la hora de producir en escala”.

Así como Castillo aludió a programas de asistencia a productores del norte argentino, como el

Pisear (Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales) y el Procanor (Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares), Roberto Solano, de la Federación Nacional Campesina (FNC), ejemplificó con el caso de los floricultores. Aseguró que la adversidad por el Covid agravó la situación del sector. “La pandemia causó estragos y agravó la mala situación después de cuatro años de macrismo. Hay compañeros que abandonaron las quintas, han dejado de producir y terminaron siendo desocupados”, resumió.

En el caso de los productores de flores, “el año pasado cuando arrancó la pandemia y se cerró todo, la han pasado mal en todo el país”, dijo Solano y particularizó en el caso de floricultores de La Plata, la capital bonaerense, pero también de Jujuy y Mendoza. “Fueron alrededor de seis meses de no poder vender un paquete de flores y tienen los invernáculos, los campos, adecuados a esta producción”.

“El Gobierno ha sacado un programa llamado Asistencia Crítica (para la Agricultura Familiar), con el que se pudo asistir a una parte”, relató y dijo que hubo asimismo “asistencias mínimas” del gobierno bonaerense pero que, en cambio, “ni Jujuy ni Mendoza han dado respuestas”.

Con un enfoque más general, Lautaro Leveratto asignó importancia a la articulación y unidad en la lucha de las diversas organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar. “Es muy importante porque, si bien la agricultura familiar es la que genera más alimentos, también ha sido el sector menos representado”.

“El gobierno nacional ha tenido una apertura importante para con las organizaciones de la agricultura familiar, pero el sector está atravesando una crisis estructural desde hace muchos años y que se sigue profundizando hasta hoy”, añadió.

Entre otros factores que agravan la crisis, resaltó la dolarización de los insumos (citó en particular el caso del maíz) “hace que los costos se vuelvan muy altos y sea muy complicado lograr rentabilidad, porque producimos alimentos para consumo local”.

Por su parte, Rosalía Pellegrini de UTT cuestionó que “no se hayan sostenido medidas más avanzadas, como las que se anunciaron y luego se abandonaron con (el grupo concursado) Vicentín o como fue la suspensión de la exportación de maíz (para bajar sus precios locales), que duró unos pocos días”.

Blog publicado en Agencia noticias Tierra Viva