Los derechos legales otorgados a las comunidades indígenas en Bolivia y Chile difieren enormemente. Val Reynoso investiga.
Bolivia y Chile difieren significativamente en la manera en que sus gobiernos abordan las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Estas diferencias son causadas por el sistema económico neoliberal y los legados de la era de Pinochet en Chile, así como por el enfoque de los asuntos indígenas y la redistribución de la riqueza en Bolivia.
Bolivia ha dado grandes pasos para asegurar los derechos de sus poblaciones indígenas, particularmente en su nueva constitución, los derechos de propiedad de la tierra y el sistema de justicia penal. Chile, sin embargo, no ha hecho progresos para sus pueblos nativos en ninguno de esos aspectos.
A partir del censo de 2001, Bolivia es un país indígena mayoritario, con la porción más grande de pueblos originarios en comparación con el resto de América Latina. Sesenta y dos por ciento de los bolivianos mayores de 15 años identificados como indígenas en el censo, con un 30 por ciento quechua, un 25 por ciento aymara y el resto perteneciente a otras 34 tribus más pequeñas.
Además, el presidente boliviano, Evo Morales, es reconocido no solo como el primer jefe de Estado indígena, sino también por haber aprobado una nueva constitución en 2009 que abarca derechos integrales para las comunidades indígenas y un capítulo completo dedicado a los derechos indígenas. Dichos derechos incluyen el reconocimiento explícito de las identidades y prácticas culturales nativas; el derecho a la propiedad colectiva de la tierra; ampliación de la autonomía regional y local, y el derecho de los nativos a organizar la justicia comunitaria con su propio sistema legal.
La nueva constitución de Morales fue aprobada en un referéndum por el 61 por ciento de los votantes, la mayoría de los cuales provenían de las tierras altas occidentales, predominantemente indígenas, en enero de 2009.
A pesar de esto, hubo oposición a la constitución por parte de la elite boliviana blanca y multirracial concentrada en las tierras bajas porque la redistribución de la riqueza y los derechos a la tierra a los pueblos indígenas significa que las poblaciones blanca y multirracial se verían privadas de dichos activos.
Junto con la provisión de propiedad colectiva de la tierra y más autonomía política, la nueva constitución también permite la reforma agraria agraria a través de la limitación del tamaño de las propiedades rurales en las ventas futuras. Además, el nuevo límite de propiedad de la tierra es de 5.000 hectáreas, aunque las medidas no son retroactivas.
Progreso judicial
En cuanto a los sistemas criminal y judicial de Bolivia, particularmente con respecto a los pueblos originarios, los sistemas de justicia indígenas tienen un estatus equivalente al sistema actual oficial. Además, los jueces serán elegidos en lugar de designados por el Congreso. El poder ha sido descentralizado en la nación, con cuatro niveles de autonomía, incluyendo departamental, regional, municipal e indígena.
Por otro lado, la constitución de Chile, las cuestiones de propiedad de la tierra y el sistema de justicia penal son regresivos, especialmente en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. A partir del censo de 2012, más de 1,7 millones de chilenos identifican como indígenas: el 88 por ciento mapuche, el siete por ciento aymara y el restante cinco por ciento compuesto por grupos más pequeños como las naciones fueguinas Yamana y Qawasqar.
Cinco años después del censo de 2012, el número de chilenos autoidentificados ha aumentado en un 50 por ciento, y la mayoría de los pueblos originarios reside en regiones urbanas.
Tras la Guerra de la Independencia de España a principios del siglo XIX, el recién fundado Estado chileno reconoció la región al sur del río Biobio, en el centro sur de Chile, como territorio mapuche. A pesar de esto, Chile se expandió hacia el sur a fines del siglo XIX para allanar el camino para más colonos europeos. Lo logró a través del desplazamiento forzado sancionado por el estado del pueblo mapuche en la región de Araucania.
El 13 de septiembre de 2007, el gobierno chileno adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la actualidad, alrededor de dos tercios de los 1,5 millones de Mapuches viven en la pobreza en áreas urbanas, mientras que el otro tercio vive en la pobreza. localidades rurales. Los nativos se encuentran entre los grupos étnicos más empobrecidos y oprimidos en Chile, con desempleo y alcoholismo desenfrenado en sus comunidades.
Próxima generación
Las generaciones más jóvenes de mapuche y otros chilenos nativos están actualmente luchando por la preservación de sus culturas, idioma y derechos humanos. Incluso han formado organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco, con el propósito de abogar por la restauración de sus tierras ancestrales y su autonomía.
Las campañas organizadas hasta ahora han incluido ataques armados contra granjeros blancos; quemando sus casas y cultivos; apoderándose de tierras y numerosos incendios premeditados contra empresas forestales.
Además, Chile no ha reformado su constitución, sino que tiene la misma establecida en 1981 por el brutal dictador fascista Augusto Pinochet y sus aliados. Dado que la constitución es el legado de un régimen fascista, las leyes existentes refuerzan la regresión, especialmente con respecto a los derechos a la tierra de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, la Ley N ° 19.253 de 1993 sobre promoción, protección y desarrollo de los pueblos indígenas sigue vigente. Sin embargo, no cumple con los estándares de la ley internacional con respecto a los derechos de los indígenas a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la participación y la autonomía política.
Un nuevo proyecto de ley relacionado con el papel de los pueblos indígenas ha fundado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), junto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El problema con este proyecto de ley es que no aborda la contribución de los pueblos originarios a la biodiversidad, ni protege a los pueblos indígenas de las propuestas de conservación públicas y privadas.
Fallas legislativas
El incumplimiento de estas leyes para proteger a los nativos es evidente dado que las iniciativas corporativas son responsables de la expansión de extracciones, proyectos de producción e infraestructura que han amenazado los derechos de los Mapuches en Araucanía y Los Ríos. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, propuso un proyecto de ley el 16 de enero para reescribir la constitución de la época de Pinochet a fin de establecer un mejor sentido de la democracia en la nación, pero aún no se ha concretado.
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Del mismo modo, dada la Ley Indígena de Chile de 1993, el estado otorga tierras Mapuches en regiones en conflicto después de ofrecer para comprarlo de sus actuales propietarios blancos. Sin embargo, la ley no permite a los mapuches que reciben tierras bajo el artículo 20B vender o usar sus tierras como aseguradas, por lo que no son elegibles para préstamos para comprar equipo agrícola u otros activos que les ayuden a cuidar sus tierras.
El pueblo chileno está siendo sometido a un régimen colonial violento por parte del Estado chileno. Fueron desplazados y despojados de su patria ancestral por colonizadores blancos, que luego lo privatizaron como propio, y ahora se espera que los mapuche vuelvan a comprar la misma tierra que les fue robada.
Las cosas se agravan porque el gobierno chileno nunca ha reconocido plenamente los reclamos territoriales mapuches, de acuerdo con el Minority Rights Group International. El estado chileno ha fomentado la inmigración europea en el territorio mapuche desde el siglo pasado. Bajo el mando del general Pinochet, a las empresas de agronegocios y otras corporaciones se les otorgaron tierras y subsidios para operar en regiones indígenas, lo que resultó en la expulsión de más gente mapuche de su patria. Desde el siglo XIX, los Mapuche han perdido el 95 por ciento de su tierra.
En definitiva, Bolivia tiene un excelente historial en derechos de los pueblos indígenas. No se puede decir lo mismo de Chile, especialmente si tiene tantos legados de la época de Pinochet.