Fecha: 5 de Julio 2016

Fuente: El Cordillerano

 TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA PATAGONIA - 

El Centro de Estudios de la Patagonia (CEP) elaboró un informe vinculado al decreto mediante el cual el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Tierras. El trabajo fue desarrollado por la ex directora de Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, y la coordinadora general del CEP, Celeste Ratto. 

El estudio señala que el pasado 30 de junio se publicó el decreto firmado por el presidente Macri 820/2016, por el cual se modifica la Ley de Tierras 26.737. Lo hizo -destaca este trabajo- con la excusa de actualizar la reglamentación al Código Civil y Comercial. La normativa limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. "Una vez más la justificación esgrimida por Mauricio Macri es la búsqueda de inversiones, una zanahoria que se repite en cada atropello que comete el gobierno y que al día de hoy no ha logrado que asome ni el hocico del conejo", dice este trabajo. 

En tal sentido -señala- debemos ser taxativos: de los 186 trámites presentados en tres años ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 93,6% fue aprobado, con sólo doce certificados denegados. Es decir, que las inversiones genuinas no especulativas pudieron llevarse adelante sin ningún problema. La Ley no fue una traba para la llegada de inversiones extranjeras al país, pero lo que sí logró fue frenar la especulación inmobiliaria, objetivo final de la Ley. 

"Lo que podemos deducir del decreto de Macri es la institucionalización de maniobras furtivas para esconder el capital debido a que describen maniobras germinadas en los estudios de la city porteña para vulnerar la Ley de Tierras -dijo Florencia Gómez-, extraña que puedan ser aplicadas por notarios o agrimensores del interior con el riesgo de que puedan ser operaciones declaradas nulas." 

Tierras en Río Negro

El nuevo decreto viola la Ley de Tierras y desconoce las limitaciones para la venta de tierras, permitiendo además a través de argucias legales, la compra de propiedades que posean espejos de agua a extranjeros. En el trabajo se considera: "los rionegrinos más que nadie sabemos de primera mano los riesgos que tales maniobras pueden implicar, como lo sucedido con el magnate británico que compró las tierras lindantes al lago Escondido y que hoy no permite el ingreso a dicho espejo de agua. Una vez más las medidas del gobierno atienden a los intereses de los sectores concentrados de la economía en desmedro de todas y todos los argentinos". 

El informe señala que según el relevamiento de tierras rurales llevado adelante desde el registro nacional, el 6% de las tierras rurales de nuestro país están en manos de extranjeros. El 79,74% de la superficie de tierra rural extranjerizada del país se encuentra en poder del 1,35% de los propietarios extranjeros de tierras rurales que equivalen a 253 titulares. En la Provincia de Río Negro, las tierras rurales en manos de extranjeros son un total de 372.245 hectáreas, es decir un 2,11% del territorio provincial. Estas propiedades extranjerizadas están asentadas mayoritariamente en la zona de cordillera, con una riqueza paisajística, turística y de biodiversidad incalculable. 

Los números

En total son 58 extranjeros o personas jurídicas cuyos titulares son extranjeros, que poseen tierras rurales en la provincia. De ellos entre los cinco propietarios con superficies más extensas concentran el 47% de las tierras extranjerizadas de la provincia y las superficies que concentran los diez extranjeros con mayores propiedades llegan al 69% del total de tierras extranjerizadas. Joseph Lewis posee una superficie de 11.284 hectáreas en el Departamento de Bariloche y concentra casi el 3% de las tierras extranjerizadas de la provincia, incluyendo el lago Escondido del cual se apropió y no permite el acceso a ciudadanas y ciudadanos argentinos. 

En este informe se explican los detalles de la ley sancionada en 2011 y las modificaciones que introdujo la nueva gestión. También se detalla cuál es la situación puntual de la provincia de Río Negro a partir de los datos del resultado del relevamiento de tierras en posesión de extranjeros. 

Desconocimiento del Derecho Público

Florencia Gómez (ex directora de Registro Nacional de Tierras Rurales encargado de la aplicación de la Ley de Tierras) afirmó: "El decreto demuestra un acabado desconocimiento del Derecho Público provincial y de las realidades provinciales, ya que las facultades de ordenamiento territorial (cambios de uso de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental) son eminentemente provinciales y en algunos casos transferidas a los municipios. Por ese motivo la modificación del tipo de explotación supone la atomización del control, y resulta inocuo pues una vez adquirida la tierra, sobrepasados los límites de la ley el extranjero no tiene sanción alguna". 

Florencia Gómez es abogada, experta en políticas de tierras rurales. Actualmente es directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del CEPPAS.

El Centro de Estudios de la Patagonia 

El CEP se define como un espacio de discusión y producción de ideas para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A partir del análisis, la investigación integral y la participación política, promueve la elaboración de propuestas concretas para el fortalecimiento de un Estado democrático y basado en el desarrollo con inclusión. 

El Centro de Estudios de la Patagonia invita a visitar su página web, www.cepatagonia.com.ar, en donde además de poder descargar este y otros informes, se encuentran las iniciativas que se llevaron adelante por el aumento de tarifas de gas y distintas materiales que pueden ser de interés. También allí se pueden dejar datos para sumarse a esta iniciativa.

Diputado Doñate: “Voy a pedir la inconstitucionalidad del decreto”

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 820/16, el diputado nacional Martín Doñate (FPV Río Negro) expresó que solicitará su inconstitucionalidad al mismo tiempo que presentó un informe sobre este tema elaborado por el Centro de Estudios Patagonia, presidido por el legislador.

El nuevo decreto firmado por Macri a través del cual, según fuentes oficiales, busca facilitar la llegada de inversiones extranjeras provocó la reacción del diputado rionegrino Martín Doñate quien manifestó que: “el decreto del Ejecutivo viola la Ley y desconoce las limitaciones para la venta de tierras, permitiendo además a través de argucias contables contempladas en el mismo, la compra de propiedades que posean espejos de agua a inversores extranjeros. Una vez más las medidas del gobierno atienden a los intereses de los sectores concentrados de la economía en desmedro de los intereses de los argentinos”. En esta misma línea, Doñate anticipó que: “voy trabajar para pedir su inconstitucionalidad puesto que un decreto no puede modificar una ley porque ésta tiene mayor jerarquía. Es nulo de nulidad absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente”.

En el análisis de decreto, el legislador del FPV sostuvo que: “es claro que esta medida tiene una intencionalidad enmascarada detrás de la supuesta búsqueda de inversiones extranjeras. Es sabido también que hay apetencia por los recursos naturales de nuestra tierra, específicamente el agua, y es eso lo que el gobierno de Cambiemos está entregando al modificar la Ley que lo impedía”.

Doñate se refirió también su trabajo realizado, respecto del tema tierras, en la Legislatura Provincial de Río Negro en tiempos que ocupaba una bancada provincial: “fui autor de la Ley que conformó la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras, y producto de esa investigación fueron recuperadas cerca de 25.000 hectáreas para el patrimonio de los rionegrinos. Con los informes de la comisión demostramos que esas tierras habían sido entregadas a precio vil (9 pesos por hectárea en la Meseta de Somuncurá y El Bolsón) tras oscuros negocios realizados con protocolos de dudosa legalidad por el gobierno radical que gobernó Río Negro hasta el año 2011”.

Por último, y con la voluntad de aportar claridad sobre el tema, Doñate destacó que el pedido de inconstitucionalidad se fundamenta en su experiencia recogida en la mencionada comisión y, sobre todo, en el reciente informe publicado por el Centro de Estudios Patagonia (CEP), del cual es director. El informe al que hace referencia el diputado fue recientemente publicado con el nombre “Vienen por el Agua: Las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales”.