NUEVOS DATOS MUESTRAN LOS ESCASOS AVANCES EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA

La prevención del acaparamiento de tierras y la aplicación de medidas de protección estatal para las y los defensores de la tierra y el medio ambiente son fundamentales para hacer frente al malestar social y medioambiental en la región.

Nuevos datos muestran que, aunque existen marcos jurídicos sólidos en torno a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, su aplicación sigue siendo deficiente.

Lima, 22 de agosto de 2022 - En las últimas décadas, la extrema concentración de la tierra en América Latina ha planteado varios desafíos para la región. Con la tasa de desigualdad de la tierra más alta del mundo, el 10% de los propietarios de tierras más ricos poseen hasta el 75% de las tierras agrícolas y el 50% más pobre, menos del 2% (Uneven Ground, 2020). Y pese a que varios países han hecho promesas esperanzadoras con sus marcos legales para mejorar la gobernanza de la tierra, la aplicación es sorprendentemente baja, dejando una marcada brecha entre las promesas y los resultados. LANDex, el índice global de la tierra, está supervisando y democratizando los datos en la región, haciendo que gobiernos y empresas rindan cuentas de sus promesas y proporcionando información clave sobre la situación en esta compleja cuestión.

Los países analizados con LANDex reciben una puntuación de 0 a 100 en función de sus marcos legales, su aplicación y su impacto en una amplia gama de cuestiones relacionadas con la tierra. Hasta ahora, la herramienta se ha aplicado en trece países de ALC³, de un total de 31 en todo el mundo.⁴

“La cuestión de la tierra y su gobernanza están en el centro de serios conflictos sociales y ambientales y de la vulneración de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, por lo que urge tomar medidas correctivas sobre este tema. Es claro que el estado de la gobernanza de la tierra en los países es un indicador importante de la calidad de sus democracias, y los resultados que vamos obteniendo son alarmantes” señala Zulema Burneo, coordinadora regional de la ILC en América Latina y el Caribe.

Y resalta: "Afortunadamente, las Coaliciones Nacionales por la Tierra -encargadas de la implementación de LANDex en los diferentes países- se encuentran utilizando la información obtenida e incidiendo en sus gobiernos para generar cambios políticos que permitan mejorar la situación de los derechos sobre la tierra en la región".

ALGUNOS DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES:

• En Ecuador, donde recientemente un paro nacional paralizó al gobierno en el marco de intensas protestas sociales, las mujeres rurales son sumamente vulnerables: poco más del 3% de estas cuentan con derechos documentados sobre la tierra que trabajan.
• En Colombia, donde ha asumido recientemente un nuevo gobierno comprometido con una agenda que recoge las demandas de los sectores rurales, se constata que aunque el marco legal sobre los derechos territoriales de grupos étnicos es uno de los más avanzados, su implementación es limitada. Entre los retos pendientes está reconocer que los derechos colectivos a la tierra no se reducen a la titulación, así como avanzar en la definición de los derechos de uso de la tierra de las comunidades.
• En Bolivia, si bien se ha avanzado en los últimos gobiernos en el reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y en la titulación de sus territorios, en la práctica estos no se respetan a causa de los impactos del extractivismo que se promueve desde el Estado. Una muestra de ello es que la consulta previa a pueblos indígenas está legislada, pero su aplicación es deficiente.
• En Perú, en donde la agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias, falta apoyo institucional para este sector, incluyendo acceso a presupuesto y una distribución más equitativa de la tierra y otros recursos. La agricultura familiar en Perú tiene la puntuación más baja de la región.
• En Argentina, en donde hay una notable expansión de la agroindustria desde hace dos décadas, la seguridad de la tenencia de las comunidades locales y los pueblos indígenas es aún una deuda. Todas las comunidades consultadas afirman haber tenido tensiones o disputas por sus tierras y la mayoría no cuenta con documentos que sustenten el derecho a sus tierras.
• En Guatemala, a pesar de que la agricultura familiar es responsable de la seguridad alimentaria del país, el apoyo que recibe es mínimo, pues las políticas en su favor no se implementan ni se acompañan de presupuestos adecuados. Como constata LANDex, tan solo el 3.18% de un presupuesto de USD 184 millones se destina a este sector. De otro lado, la crisis que afrontan las personas defensoras de la tierra en el país, lejos de ser atendida, es perpetuada por el Estado en alianza con las corporaciones con interés en sus territorios.
• En Nicaragua hay un despojo alarmante de tierras de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, a causa de la ampliación de la frontera agrícola para la agroindustria, sobre todo en el Caribe Norte. Si bien existe una ley que protege las tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes, los conflictos por las invasiones de colonos a dichas tierras persisten en gran media por las facilidades que brinda el Estado para favorecer la concentración de tierras a manos de la industria agropecuaria y minera.
• En Santa Lucía, isla del Caribe de 616 km2, aunque las organizaciones de la sociedad civil empiezan a agruparse para incidir en los procesos vinculados a la gobernanza de la tierra, las comunidades indígenas tienen poco margen de maniobra para decidir sobre la implementación de proyectos que afectan sus territorios, pues la consulta previa se aplica de forma deficiente.

“LANDex pone de manifiesto tendencias preocupantes en la gobernanza de la tierra que amenazan con socavar importantes avances en la región. Los datos muestran las lagunas en el monitoreo que realizan los gobiernos sobre la gobernanza de la tierra, y cómo éste difiere de la forma en la que experimentan dicha gobernanza las mujeres y los pueblos indígenas, entre otros actores involucrados” sostiene Eva Hershaw, responsable de datos en la International Land Coalition (ILC), organización responsable de LANDex.

Los resultados de esta iniciativa serán presentados el 23 de agosto en el evento en línea Datos complementarios sobre la tierra: ¿para qué? Presentación regional de resultados del Índice de Gobernanza de la Tierra (LANDex). En la cita participarán Coaliciones Nacionales por la Tierra de ocho países de ALC⁵ para compartir los principales hallazgos que demuestran los limitados avances en materia de gobernanza de la tierra, las formas en las que están usando los datos que se recogen, y los desafíos pendientes.

¹ LANDex se estructura sobre la base de los temas que recogen los 10 Compromisos de la International Land Coalition para lograr la gobernanza de la tierra centrada en las personas.

² Entre ellos: OSC, ONG, gobierno, academia e institutos de investigación. LANDex requiere una mínima diversidad de respuestas de diversos sectores y los datos pasan por varios pasos de revisión y validación.

³ Se considera información de Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Belice, Granada, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

⁴ En ALC se recibieron 925 respuestas de 6 sectores distintos.

⁵ De los 13 países de ALC en donde se implementa LANDex, se presentarán resultados de Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Perú, y Santa Lucía.