Por: María Mónica Parada Hernández*

La atención del Estado a las necesidades específicas de las mujeres no solo ha operado de manera tardía, sino que la ejecución de lo ya ganado ha encontrado un sin fin de barreras que impiden la materialización de los compromisos de género del Estado. Uno de los escenarios en los cuales se expresa este problema es en el campo colombiano en donde las mujeres, además de enfrentarse con las desigualdades propias de las dinámicas del mundo rural, están sometidas a los esquemas culturales que producen y reproducen inequidades en razón del género.

Precisamente en días pasados se realizó la audiencia pública sobre el balance de la Ley 731 de 2002, la herramienta más importante que acompaña la política pública de mujeres rurales. Esta norma es, además, uno de los pilares fundamentales para la atención integral de las mujeres víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448. A esta audienciaasistieron representantes de diferentes organizaciones sociales buscando llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para lograr que las instituciones cumplan con los mandatos legales. Entre las principales conclusiones de la audiencia se destacan:

demoras en la reglamentación de los artículos de la Ley;

desigualdades en la participación de las mujeres en la distribución de diferentes activos (créditos, educación, proyectos productivos);

incumplimiento en el compromiso de destinar el 30% del presupuesto a los programas de mujeres rurales.

Además, el Estado tiene un rezago importante en cuanto a los instrumentos que dan cuenta de la situación histórica de las mujeres rurales en tanto que, hasta antes de la expedición de la ley, las entidades no contaban con registros diferenciados por sexo sobre la prestación de servicios. Es así como los datos disponibles para evaluar cómo se ha desarrollado en el tiempo la política pública de desarrollo rural para mujeres, que vio la luz solo hasta mediados de los 80,son insuficientes.

Otro de los compromisos adquiridos por el gobierno es el de la creación de la Dirección de Mujer Rural. Si bien se incluyó dentro de la nueva institucionalidad agraria mediante Decreto 2369 de 2015, se conoce muy poco de los avances de dichos procesos y de las capacidades con la que cuenta el Ministerio de Agricultura para dar cumplimiento a las normas que contienen los derechos de las mujeres rurales.

Es así como parecen ser muchos los compromisos pero pocas las manifestaciones reales para ejecutar lo prometido. Después de 14 años de haber sido expedida la Ley de Mujer Rural, y de más de 30 años de la creación de la política pública para mujeres rurales, aun queda un largo camino por recorrer para lograr el cumplimiento de los compromisos por parte de distintas instituciones del Estado.

Ante este panorama no queda más sino hacer dos apreciaciones finales. La primera tiene que ver con las múltiples preguntas que surgen sobre cuál es el panorama real de las mujeres en las iniciativas de desarrollo rural que están siendo promovidas por el gobierno nacional. La segunda, es hacer un reconocimiento de los triunfos de los movimientos de mujeres, y la capacidad de estas mujeres de abrirse espacio en los escenarios de debate público, no solo para exigir lo que por derecho les corresponde, sino para mostrar cómo, desde la resistencia colectiva y la lucha pacífica, es posible construir propuestas que promuevan una paz sostenible a largo plazo.

*Abogada, estudiante de sociología y estudiante de maestría de la Universidad del Rosario. Investigadora del equipo de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, adscrito al Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. Correo: monica.parada@observatoriodetierras.org

Foto:María Mónica Parada Hernández .Sáchica, Boyacá

Artículo publicado en El Espectador