Por: Eduardo Gudynas

Muchos celebraron esa resolución, incluso asumiendo que se daba un giro radical en la protección de la biodiversidad. Es cierto que se acordaron algunas metas más ambiciosas, pero el texto por momentos es ambiguo, los compromisos son voluntarios, y no se abordan las causas que ocasionan esta crisis. Corremos el riesgo de terminan aceptando que los tratados internacionales reconozcan sus fracasos y traten de remediarlos con nuevas cumbres en las cuales repetirán sus promesas.

 

Temas pendientes

Esta convención fue uno de los tres tratados básicos acordados en la cumbre en ambiente de Rio de Janeiro en 1992 (junto a las convenciones marco en cambio climático y la de combate de la desertificación). Sus objetivos son la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, y desde allí se derivan muchos otros componentes, tales como la regulación de recursos genéticos. Es un acuerdo siempre tensionado entre esa meta de conservación y otras que se escudan en ese propósito de utilizar los recursos biológicos. La convención ha sido ratificada por más de 190 países, incluidos los latinoamericanos.

Su misión es enfrentar el paulatino deterioro de ecosistemas y el creciente número de especies amenazadas o extinguidas. Se sabe que, por ejemplo, un quinto de los ecosistemas están en peligro de colapsar, la degradación ecológica se agrava, y para muchos estamos ante una extinción en masa (2).

Los delegados llegaron a Montreal para asegurar esos propósitos pero además cargaban con una derrota. Es que esa misma convención había acordado en 2010 un plan, conocido como Metas de Biodiversidad de Aichi, que debía asegurar la sobrevida de plantas, animales y ecosistemas al año 2050. La evaluación de los avances realizada en 2020 mostraba que no se estaban consiguiendo los resultados esperados; la convención, considerados en su conjunto, no estaba funcionando (3). Al mismo tiempo, la nueva evidencia científica muestra que la pérdida de biodiversidad era más extendida y seria a lo asumido diez años atrás. Por lo tanto, era muy claro que el nuevo encuentro de la convención necesitaba asegurar medidas concretas.

 

Los nuevos objetivos con viejos contenidos

Es una oportunidad para detener esta orgía de destrucción, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres a los delegados de los gobiernos en el inicio de la COP 15. No dudó en decirles, en sus caras, que se ha envenenado con químicos los mares, las aguas y el aire, que se los ha ahogado con plásticos, mientras las corporaciones multinacionales vaciaban nuestro mundo de sus riquezas naturales llenaban sus cuentas de banco. Agregó que la humanidad se ha convertido en un arma de destrucción masiva y que se está viviendo una orgía de destrucción (4). Fueron palabras durísimas pero el plenario de la convención no se inmutó.

A pesar de esos discursos, de la evidencia científica y de las denuncias de las ONGs, los gobiernos aplicaron su conocida receta: redactar otro documento, esencialmente voluntario, con algunas novedades mientas se repiten, escritas de otros modos, ideas ya planteadas.

El nuevo acuerdo contiene cuatro objetivos y 23 metas a alcanzar en 2030. Los dos primeros objetivos son muy ambiciosos:

Objetivo A: Se mantiene, se aumenta o se restablece la integridad, la conectividad y la resiliencia de todos los ecosistemas, aumentando sustancialmente la superficie de los ecosistemas antes de 2050. Se detiene la extinción inducida por los seres humanos, y, para 2050, el ritmo y el riesgo de la extinción de todas las especies se reduce a la décima parte, y la abundancia de las poblaciones silvestres autóctonas se eleva a niveles saludables y resilientes.
La diversidad genética y el potencial de adaptación de las especies silvestres y domesticadas se mantiene, salvaguardando su potencial de adaptación.

Objetivo B: La diversidad biológica se utiliza y gestiona de manera sostenible y las contribuciones de la naturaleza a las personas, tales como las funciones y los servicios de los ecosistemas se valoran, se mantienen y se mejoran, con un restablecimiento de los actualmente en declive, apoyando el logro del desarrollo sostenible dentro de los límites planetarios.

Los otros objetivos se pueden resumir de la siguiente manera:

El objetivo C establece que los “beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados conexos” se deben compartir de “forma justa y equitativa”, en especial con pueblos indígenas y comunidades locales, y que para 2050 se deberán incrementar sustancialmente.

El objetivo D indica que los medios de implementación y los recursos financieros para alcanzar esas metas deberán ser accesibles y equitativos a todos los países, reduciéndose “gradualmente el déficit de financiación” actual.

Todos son propósitos compartibles. Por ejemplo, detener la extinción o aumentar la integridad de los ecosistemas, es lo que se ha reclamado por décadas. El plantear objetivos como esos al año 2050 es ambicioso, ya que implicaría que deberían iniciarse inmediatamente todo tipo de medidas para lograrlo. Pero los problemas asoman inmediatamente al examinar las metas derivadas de estos propósitos.

Metas ambiciosas pero no siempre precisas

Los objetivos, según el acuerdo aprobado, se llevarían a cabo con un conjunto de 23 metas,

organizadas en tres secciones. La primera aborda la reducción de las amenazas a la diversidad biológica; le sigue otra enfocada en lo usos y beneficios de la biodiversidad, y se cierra tratando las herramientas para la implementación. Las metas se resumen más abajo (Anexo 1).

Las primeras metas, que responden al Objetivo A, son ambiciosas. Por ejemplo, indican que “todas” las zonas deben estar bajo planificación que sea participativa, orientadas a “acercar” a cero la pérdida se áreas de importancia para la biodiversidad (meta 1). Se establece que al año 2030,  por lo menos el 30% de las superficies terrestres o marinas deben estar bajo sistemas de áreas protegidas (meta 3). Incluso, se indica que al menos el 30% de los ecosistemas degradados deben ser objeto de “restauración”.

Estas metas están alineadas con las demandas conocidas 30 x 30, que postula conservar el 30 % de los ambientes terrestres y marinos al año 2030. Esa perspectiva venía con fuerte empuje dado que por un lado existía una alianza de países que apoyaba esas medidas para la protección de los océanos (5), y por otro lado se había confirmado una coalición para conservar de mismo modo los ecosistemas terrestres (6), en ambos casos con muchas presencias latinoamericanas.

Metas de este tipo buscan enfrentar la extinción de especiesy degradación de ecosistemas, lo que sabemos que responde a muchos factores. Entre ellos se destacan la destrucción y fragmentación de ecosistemas, y su artificialización, lo que se debe sobre todo a la agropecuaria, los enclaves extractivos o industriales. Se estima que se ha perdido un 69% de las poblaciones silvestres debido a estos y otros factores entre 1970 y 2018 a nivel global, mientras que en América Latina es peor porque alcanza el 94% (7).

Por lo tanto, si se quiere actuar sobre los factores desencadenantes de la pérdida de biodiversidad, en América Latina, esas metas obligan a revisar inmediatamente las estrategias agropecuarias, mineras y petroleras. Por ejemplo, si en serio se quiere detener la deforestación, se debe congelar el avance de la frontera agropecuaria en zonas como la Amazonia y Chaco, así como controlar prácticas de ganaderos y agricultores, tales como quemar campos. A su vez, la meta 2, que impone medidas de restauración ecológica, obligaría a recuperar ecosistemas degradados como las praderas y estepas del Cono Sur, el Cerrado o en muchas regiones en los países andinos y centroamericanos. Si se aplican realmente el propósito de impedir la contaminación de suelos y aguas, también se deberá prohibir el uso de muchos agroquímicos, e incluso sería necesario desmontar los subsidios concedidos a pesticidas o herbicidas.

Los gobiernos no aclaran cómo resolverán ese tipo de contradicciones, y el acuerdo de Montreal tampoco brinda precisiones. Muchas metas incluyen términos que abren las puertas a la ambigüedad, no existen ajustes para cada ecoregión, y no se acordaron indicadores. Todas las acciones son, en su esencia, voluntarias. Eso hace que las metas, aún aquellas que todos compartiríamos, terminan pareciendo una declaración de aspiraciones.

La diversidad de posturas latinoamericanas

 En América Latina tampoco existen consensos sobre estas cuestiones, y eso fue evidente en las negociaciones bajo esta convención. Por ejemplo, Colombia, Chile, Costa Rica, México, se sumaron a Unión Europea, Australia y Estados Unidos, entre otros, para defender las metas ambiciosas alineadas con el esquema 30 x 30, mientras que se opusieron Argentina y Bolivia, junto a naciones como Uganda y Sud Africa. Algunos países que mantuvieron coordinaciones en el pasado, como ocurría con las naciones megadiversas, donde se encontraban Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, junto a naciones de otros continentes, no actuaron coordinadamente en Montreal. El GRULAC (Grupo de Latino América y el Caribe), tampoco negoció en bloque, y lo mismo sucedió con el MERCOSUR o la Comunidad Andina. Además, hay países que participan en unos agrupamientos pero no en otros.

Solo algunos gobiernos han sido sostenidamente ambiciosos en estas materias (como Costa Rica), algunos retomaron el protagonismo (como Chile con su nuevo gobierno), otros retrocedieron (como ocurrió con Brasil con la presidencia de Jair Bolsonaro), y muchos son indiferentes o se mantienen en planos secundarios.

Hay recambios gubernamentales bienvenidos, como lo que tuvieron lugar en Colombia, Chile y Brasil, pero aún bajo las nuevas administraciones persisten las contradicciones. La situación brasileña ejemplifica esto, ya que la presidencia Bolsonaro fue tan calamitosa para la gestión ambiental, que el nuevo gobierno de Lula da Silva, y su ministra de ambiente, Marina Silva, aparecen como un alivio. En sus primeros días, la nueva administración creó una comisión interministerial para prevenir y controlar la deforestación, reinstaló los programas que existieron en el pasado para enfrentar la deforestación en distintas ecoregiones (incluyendo la Amazonia), relanzó el Fondo Amazonia (paralizado desde 2019), restituyó la Agencia Nacional de Agua y el Servicio Forestal, y se derogó el apoyo a la minería artesanal y de pequeña escala (8).

Todas estas decisiones son positivas, pero por si solas son apenas un alivio. No está claro, por ejemplo, cuáles serán las próximas acciones del nuevo gobierno brasileño con el agronegocio o las empresas mineras, todo lo cual debería ser revisado si se cumpliera el mandato de Montreal. En los anteriores gobiernos liderados por Lula da Silva, la gestión concreta siempre terminó apoyando a esos sectores, y por ello de todos modos el saldo neto fue un deterioro de la biodiversidad en muchas regiones (tal vez más aguda en el Cerrado y Pantanal).

Estas mismas contradicciones se viven las demás naciones. Basta tener presente los apoyos gubernamentales a la agricultura intensiva en Argentina, a la minería en Chile y Bolivia, o a las forestales en Uruguay, y así sucesivamente. Todas son actividades que en sus desempeños actuales lastiman la biodiversidad dentro de esos países.

Las conocidas disputas por dinero

 Todos reconocen que la conservación de la biodiversidad exige contar con recursos financieros. Dejando de lado en este caso los modos tradicionales por los cuales se evalúa esa temática, se ha señalado que la brecha entre los dineros empleados en conservar la biodiversidad y los necesarios es enorme: entre US$ 598 a $ 824 mil millones por año (9).

Ante esa situación, la disputa por la ayuda financiera para la conservación volvió a estar presente en la COP15 en Montreal. Muchos países, esencialmente del sur global, reclamaban más dineros para sus programas de protección, como por ejemplo áreas protegidas o control de la deforestación. Está allí el ejemplo latinoamericano de Brasil, que recibe una millonaria asistencia para su Amazonia, especialmente desde países europeos. Muchos gobernantes en el sur quisieran tener ayudas similares.

Varios países propusieron que se creara un fondo financiero distinto al que ya cuenta la Convención (el conocido Fondo para el Medio Ambiente Global, GEF por sus siglas en inglés), y que también fuese diferente de los enfocados en cambio climático o en ayudas al desarrollo. Ese esquema fue resistido por la Unión Europea y varias otras naciones industrializadas.

El acuerdo final (expresado en la meta 19), indica que se deberían destinar a la conservación US$ 200 mil millones por año al 2030. Dentro de ese volumen, se acordó que los países desarrollados deberían aumentar sus contribuciones a las naciones del sur hasta alcanzar los US$ 30 mil millones en el 2030. Los dineros finalmente estarían dentro de un “Special Trust Fund” en el GEF a conformarse en 2023 y que se mantendría hasta 2030.

Pero en este campo la redacción abrió las puertas a consideraciones tales como “alentar y propiciar la actividad empresarial”,  la inversión privada, el pago por servicios ecosistémicos o bonos verde. Se repiten las tensiones porque esos modos de mercantilizar la naturaleza operan en sentido contrario a la protección de la biodiversidad.

 

Pateando la pelota

 El compromiso de Montreal posee elementos positivos, dejando más en claro las medidas necesarias para asegurar la conservación de la biodiversidad. Suma bienvenidas referencias a los pueblos indígenas, el acceso a la información, la participación y el papel de la ciencia, e incluso intercala citas a la Madre Tierra y los derechos de la naturaleza.

Pero persiste atrapado en problemas, restricciones y contradicciones conocidas. Las medidas para asegurar la sobrevida de la naturaleza, como se indicaba arriba, obligaría por ejemplo a abandonar la agropecuaria química y petrolizada actual, o los paquetes de instrumentos económicos que subsidian actividades insustentables. Propósitos similares se establecieron antes, y ninguno se cumplió a cabalidad en América Latina o en otros continentes.

Los delegados que llegaron a Montreal sabían que las metas de Aichi de 2010 no estaban aseguradas, y su respuesta fue relanzar esos propósitos bajo un nuevo marco. La cuestión en ese proceder, y por cierto que es alarmante, es que es posible que este compromiso asumido en 2022 tampoco se cumpla, y en algún momento entre 2030 y 2040 se estará negociando un nuevo marco de acción, y así se puede seguir por décadas y décadas. Es un tipo de gobernanza global que repite declaraciones de aspiraciones que entretienen a la prensa y la ciudadanía, pero que no se cumplen, y que lleva a otro nuevo encuentro internacional donde se acordarán nuevas promesas.

Puede entenderse el entusiasmo de muchos, pero como se ha visto, los contenidos del marco aprobado en Montreal incluyen metas que en unos casos son difusas y que en otros obligarían a cambios radicales que los gobiernos no están dispuestos a asumir. Las contradicciones se disimulan con el lenguaje típico de la jerga diplomática, y en especial con los llamados a la sostenibilidad, las alusiones a los pueblos indígenas y a la participación y así sucesivamente. Tal como advierte José Prenda, hay propósitos poco realistas y se apela tanto a las referencias a la sostenibilidad que termina siendo un “subterfugio perfecto, obsceno a estas alturas, del más puro greenwashing” (10).

 

Otra vez el desarrollo

La Convención de la Diversidad Biológica es un marco de negociación atrapado. Se insiste en algunas medidas orientadas a la conservación, pero a la vez sigue adherida a las ideas de desarrollo, las que en su esencia son las que determinan políticas y acciones que desembocan en la crisis de biodiversidad. La obsesión con el desarrollo se confiesa en el punto 13 del acuerdo de Montreal: “Reconociendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, el Marco propicia el desarrollo socioeconómico responsable y sostenible que al mismo tiempo contribuya a la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad”. Esa adhesión al desarrollo hace que no se pueda romper,  por ejemplo, con la adicción a los combustibles fósiles, la agricultura intensiva o la minería a cielo abierto,

Los gobiernos pueden usar unos delegados para defender la biodiversidad en unas negociaciones, mientras que otro delegado firmará otro convenio, que en sentido contrario, incentiva los extractivismos a pesar de sus impactos en esa misma biodiversidad. Esto no es una exageración, y lo ilustra el caso chileno, ya que en los mismos días en que su ministra del ambiente se encontraba en Montreal, el gobierno Boric anunció un Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea, donde se incluye una retórica verde pero que entre sus propósitos se indica con claridad que se facilitará el acceso europeo a las materias primas chilenas, tales como litio, cobre e hidrógeno, las que son cruciales para su transición energética (11). Esas son todas actividades responsables de múltiples impactos sobre los ecosistemas chilenos.

Queda en evidencia que las causas determinantes de la crisis de la biodiversidad, tales como las políticas o económicas, se ventilan en otros acuerdos y espacios internacionales. Muchos problemas latinoamericanos se deben a ser proveedores de materias primas a los mercados globales, y esos flujos deberían regularse de otro modo en convenios como los de la Organización Mundial de Comercio, pero eso no ocurre. Las condiciones económicas que mantienen esa subordinación exportadora resultan de relaciones económicas y financieras asimétricas, las que deberían ser atendidas por organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero que en la práctica operan acentuándolas.

Si asumimos que el planeta está enfermo, es como si el paciente visitara diferentes especialistas médicos, unos en una convención sobre biodiversidad, otros en tratados sobre comercio o finanzas, y así en muchos otros espacios. Esos doctores actúan por separado, advierten de distintos colapsos, pero entre ellos no se hablan, y sus medicinas son incluso contradictorias. Es por eso que la enfermedad sigue agravándose.

La Convención de la Diversidad Biológica no ha escapado a que los intereses económicos y políticos se impongan sobre las urgencias sociales y ambientales. No se asume que esa orgía de destrucción ecológica actual, sea planetaria o local, denunciada en Montreal, tiene contracaras económicas y políticas. A su vez, las decisiones económicas y políticas de una manera u otra tienen consecuencias ecológicas. El inicio de las respuestas necesarias está en comprender que ya no se pueden abordar las cuestiones políticas, sociales y ecológicas por separado, como si estuvieran aisladas entre sí.

 

Publicado en la pag : Ambiental.net